Rúbrica
Veracruz: la emergencia y la vergüenza nacional
Mi solidaridad con Sarah Landa,
agredida por el gobernador de Veracruz
Por Aurelio Contreras Moreno
La espiral descendente y decadente en la que ha entrado el gobierno de
Cuitláhuac García Jiménez justo a la mitad del sexenio, es realmente preocupante
por todo lo que implica para la seguridad pública, la democracia y las libertades en
el estado.
El perfil autoritario y cada vez más violento que decidió adoptar Cuitláhuac García
para su gubernatura se convierte en un arma peligrosa en manos de ese grupo de
incapaces para el servicio público de los que se rodea y que, para intentar
esconder sus pifias y limitaciones, agreden lo mismo a sus antagonistas políticos
que a los medios de comunicación y los periodistas –los que se dejan-. Pero sobre
todo, a los ciudadanos que tienen la mala estrella de toparse con ellos o con sus
policías, que cuentan con carta blanca oficial para cometer todo tipo de abusos y
violaciones a los derechos humanos.
La violencia verbal con la que Cuitláhuac García trató a la reportera Sarah Landa
por hacerle una pregunta que no le gustó no es nueva ni es casual. Las
conferencias “mañaneras” del gobernador –que hasta en eso busca imitar al
presidente López Obrador- suelen ser ejercicios de control y sumisión a los que
asisten mayoritariamente reporteros de medios con convenio con el gobierno
estatal, y que por lo mismo están maniatados –no todos, valga decirlo, aunque
otros se ven felices con su condición- para preguntar con libertad. Quienes lo
hacen, se enfrentan a los ataques de ira de un mandatario intolerante y a quien ya
se le olvidó que hace tres años era un don nadie, y que dentro de otros tres
seguramente volverá a serlo. Claro, si es que no termina convicto, como su
antecesor Javier Duarte.
Esa violencia tiene números concretos. De acuerdo con el estudio “Asedio,
amenaza y ataque: la condición de vulnerabilidad de periodistas en México”
elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), durante el
periodo 2020-2021 Veracruz ocupó el tercer lugar entre los estados de la
República en los que se reportó el mayor número de agresiones contra mujeres
periodistas, con 116; le superan solo la Ciudad de México –donde curiosamente
gobierna una mujer con grandes aspiraciones- con 258 y Puebla –gobernada por
otro troglodita- con 117. Este miércoles quedó claro el porqué de esas cifras.
Pero no solo las y los periodistas sufren esa violencia en Veracruz. El gobierno
que al inicio del sexenio se comprometió en un acto público a instaurar una política
de “cero tolerancia a la violencia contra las mujeres”, las agrede de manera
inverosímil. Ya bien mediante el acoso sexual de funcionarios de diferentes niveles
que se ha denunciado en dependencias como las secretarías de Medio Ambiente
y de Gobierno –sin que existan consecuencias reales-, o de plano a través del
abuso sexual y la tortura, como lo acaba de acreditar la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), que por ello emitió una nueva recomendación al
gobernador Cuitláhuac García y a la fiscal general Verónica Hernández Giadáns.
La investigación de la CNDH acreditó que una mujer, detenida arbitrariamente en
noviembre de 2020 en la Ciudad de México por policías ministeriales de Veracruz,
“fue objeto de diversos actos de tortura que vulneraron su derecho a la integridad
personal, a través de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, que laceraron su
dignidad, honra e intimidad, con lo cual, indebidamente, las autoridades
involucradas lograron que aceptara la presunta comisión de un delito”.
Se trata del caso de July Raquel Flores, quien fue prácticamente secuestrada
enfrente de sus hijos por los policías de Hernández Giadáns y obligada a
autoinculparse por el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, María
Guadalupe Martínez, perpetrado el 29 de junio de ese mismo 2020.
La víctima denunció desde el principio los abusos de los que fue víctima y que la
CNDH determinó como ciertos y que involucran al sistema de justicia del estado
por entero, pues mientras los ministeriales “hicieron uso de técnicas ilegales para
obtener su confesión, utilizando su cuerpo y su sexualidad como un elemento más
para infligir en ella actos que la afectaron gravemente”, tanto el médico adscrito a
la Dirección General de la Policía Ministerial como las autoridades del penal de
Pacho Viejo “también vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez que
tuvieron conocimiento de los posibles actos de tortura y violencia sexual cometidos
y, a pesar de ello, omitieron denunciarlos a la autoridad competente, lo que
indudablemente ha impactado en el acceso a la justicia”.
Veracruz vive un estado de emergencia y de vergüenza nacional con el gobierno
de la “bendición”.
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Twitter: @yeyocontreras
